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Prestamos SIN BURO Rapidos y sin Aval » iKiwi.com.mx

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Prestamos Personales Rapidos en Linea » iKiwi.com.mx

A continuación os dejamos la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa desestimando el recurso de apelación interpuesto por CITIBANK, declarando además la nulidad del interés remuneratorio pactado por las parte en el contrato de suscripción de tarjeta Citibank, condenando a la entidad bancaria a la devolución de los intereses pagados por la demandante desde la formalización del contrato, con expresa imposición a la parte demandada de las costas generadas en la primera instancia.

Y manteniendo los restantes pronunciamientos de la sentencia impugnada relativos a la declaración de nulidad de oficio de determinadas cláusulas contractuales del referido contrato. Entre ellos el de la devolución de todas las comisiones cobradas en concepto de “reclamación de posiciones deudoras“, ya que la entidad bancaria no ha acreditado la generación de coste alguno justificativo de la comisión pretendida.

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SENTENCIA

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación núm. 2346/2015

Ponente: IIlmo. Sr. D XXXXXXXX

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA – SECCIÓN SEGUNDA

GIPUZKOAKO PROBINTZIA AUZITEGIA – BIGARREN SEKZIOA

SAN MARTIN 41-1ª planta –  C.P.  (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777)  /PK: 20007

NIG PV / IZO  EAE  (RCL 1983, 381) : 20.04.2-13/001627

A.p.ordinario L2 / E_A.p.ordinario L2 2346/2015 – R

O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: UPAD de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Eibar / Eibarko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zk.ko ZULUP

Autos de Procedimiento ordinario LEC (RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) 2000 409/2013 (e) ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: CITIBANK ESPAÑA S.A. y XXXXXXXX

S E N T E N C I A Nº 38/2016

En DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a quince de febrero de dos mil dieciséis.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa – Sección Segunda, constituida por los/as Ilmo/as. Sres/as. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Juicio Ordinario nº 409/2013 sobre declaración de nulidad de cláusula de la UPAD de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Eibar, a instancia de Dña. XXXXXXXX (apelante-demandante), representada por la Procuradora Dña. XXXXXXXX y defendida por la Letrada Dña. XXXXXXXX, y CITIBANK ESPAÑA S.A. (apelante-demandada), representada por el Procurador D. XXXXXXXX y defendida por la Letrada Dña. XXXXXXXX; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 27 de julio de 2015 .

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 27 de julio de 2015 el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Eibar dictó Sentencia, que contiene el siguiente Fallo:

“Estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña XXXXXXX frente a CITIBANK ESPAÑA S.A. y declaro la nulidad de la cláusula séptima en cuanto a los intereses moratorios, las comisiones por reclamaciones de cuotas impagadas y la facultad de variación unilateral del tipo de interés remuneratorio en ella previstas, condenando a esta última a realizar nueva liquidación del contrato de tarjeta de crédito suscrito por las partes conforme al tipo nominal anual de intereses remuneratorios expresamente previsto en el Anexo del contrato al 22,29%, y a devolver a la actora la cantidad que en su caso resulte de la liquidación así practicada.

SEGUNDO.- Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso Recurso de apelación contra ella que fue admitido, y elevados los autos a esta Audiencia se señaló día para Votación y Fallo el 2 de febrero de 2016.

TERCERO.- Ha sido el Ponente en esta instancia el Ilmo. Sr. Magistrado. D. XXXXXXXX.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Planteamiento del debate en esta instancia

Frente a la sentencia de la Ilma. Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Eibar que acordó estimar parcialmente, en los términos recogidos en el primer antecedente de la presente resolución, la demanda interpuesta por la representación de Dª XXXXXXXX frente a CITIBANK ESPAÑA, S.A., recurren en apelación ambas partes.

La representación de Dª XXXXXXXX interesa la revocación parcial de la sentencia de instancia interesando que “se declare la nulidad de la cláusula 7 del contrato de suscripción de tarjeta Citibank objeto del presente juicio, en lo que se refiere a los intereses del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre XXXXXXXX y la entidad CITIBANK, o subsidiariamente se reduzca el interés establecido al 2,5 veces el interés legal del dinero, con devolución a mi representada, en todo caso de la cantidad de intereses pagadas indebidamente desde el día 20 de septiembre de 2005”.

La parte apelante fundamenta su recurso con base en las consideraciones de que procede declarar la nulidad del interés remuneratorio del 22,29% establecido en el contrato de tarjeta de crédito Citibank por tratarse de un interés exageradamente abusivo y por una total falta de transparencia en la redacción de las condiciones esenciales del mismo:

1.1.- El interés establecido supera cinco veces el interés legal establecido en el año 2005;

1.2.- El contrato de tarjeta de crédito suscrito por su representada no contiene las condiciones esenciales del contrato. Los extremos relativos al interés remuneratorio, moratorio, las comisiones y la facultad unilateral de CITIBANK de variar el tipo de interés se contemplan exclusivamente en el apartado séptimo y en el anexo del reglamento del contrato (en letra minúscula y de difícil lectura sin lupa) no suscritos por su representada.

Dicha información no ha quedado incluida en la aceptación general de los términos del contrato, no permitiendo que su representada pueda hacerse una idea de la carga económica que para ella suponía el contrato. El contrato no se suscribió cumpliendo con los requisitos de transparencia legalmente exigidos. El contrato de autos es un contrato de adhesión que se encuentra protegido por la Ley de Consumidores y Usuarios.

La representación de CITIBANK ESPAÑA, S.A. interesa la revocación parcial de la sentencia de instancia al objeto de dejar sin efecto los pronunciamientos de la misma consistentes en la declaración de oficio del carácter abusivo y consecuente nulidad de las cláusulas referidas a:

a) Las comisiones por reclamación de cuota impagada cobradas por CITIBANK ESPAÑA;

y c) La facultad del Banco de modificar unilateralmente el reglamento del contrato previa comunicación a los clientes.

CITIBANK ESPAÑA, S.A. fundamenta su recurso con base en las consideraciones que, en síntesis, son las siguientes:

1.- Las comisiones por reclamaciones de cuota impagada responden a un gasto real incurrido por el banco y cobradas de conformidad con la normativa vigente (Orden EHA/2899/2011 (RCL 2011, 1943 y 2238) ), fueron aceptadas por la actora, y responden a servicios efectivamente cobrados por el banco

2.- La facultad de Citibank de modificar el reglamento del contrato es válida y eficaz. Dicha facultad fue conocida, asumida y suscrita por la actora conforme a la libertad contractual que existe con base al  art. 1.255 CC (LEG 1889, 27) y no ha formulado protesta alguna hasta 2013. La indicada cláusula supera el control de inclusión y transparencia (la demandante tuvo acceso a su contenido al tiempo de su celebración, la cláusula es perfectamente legible y la información contenida es perfectamente comprensible).

3.- El contrato no incluye el devengo de intereses moratorios por lo que resulta imposible declarar la nulidad de una cláusula inexistente.

Cada uno de los apelados se opone al recurso de apelación formulado de contrario e interesa su desestimación con expresa imposición al apelante de las costas derivadas del mismo.

Recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª XXXXXXXX.

La parte apelante fundamenta su pretensión de que se declare nula la cláusula reguladora del interés remuneratorio del contrato de tarjeta de crédito con base, tanto en la falta de transparencia, como en su carácter abusivo (se invoca la Ley General de Represión a la Usura de 23 de julio de 1908).

El juego concurrencial de la Ley de represión de la usura con la normativa sobre protección de consumidores, no plantea ninguna cuestión de incompatibilidad tanto conceptual como material; se trata de controles de distinta configuración y alcance con ámbitos de aplicación propios y diferenciables (así, SSTS nº406/2012, de 18 de junio  (RJ 2012, 8857), y  nº 677/2014, de 2 de diciembre  (RJ 2014, 6872 ) ).

1.- Ley General de Represión a la Usura de 23 de julio de 1908

De acuerdo con los criterios expuestos en la sentencia de pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo nº 628/2015, de 25 de noviembre, y a diferencia de lo que mantiene la sentencia de instancia, los intereses remuneratorios pactados en el contrato de tarjeta de crédito VISA ORO suscrito por las partes con fecha 20 de septiembre de 2005 resultan usurarios.

Como expone la indicada resolución, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1.255 del Código Civil (LEG 1889, 27) aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Asimismo, señala que para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la indicada ley, esto es, que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

A estos efectos, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Por otra parte, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés “normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia” (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre). Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras que publica el Banco de España.

Además, la cuestión no es tanto si es o no excesivo como si es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, debiendo señalarse que en el presente caso no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

En el supuesto enjuiciado el tipo de interés remuneratorio estipulado fue del 24,71% o 26,82% según la naturaleza de la disposición efectuada con la tarjeta. En la fecha de suscripción del contrato (septiembre de 2005) el tipo de interés activo (TAE) aplicado por las entidades de crédito en operaciones de crédito al consumo ascendía al 8,50%.

Por tanto, nos encontramos ante un interés notablemente superior al normal del dinero (según la operación realizada con la tarjeta llega a triplicar el interés normal para las operaciones de crédito al consumo en la fecha de suscripción del contrato) sin encontrar justificación en las circunstancias del caso, pues como señala la sentencia citada “la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art.3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, por lo que la entidad bancaria deberá devolver los intereses indebidamente cobrados desde la formalización del contrato.

2.- Control de inclusión de la cláusula de interés remuneratorio

A mayor abundamiento, se ha de señalar que en el presente supuesto nos encontramos ante un contrato que debe ser calificado como contrato de adhesión, porque viene determinado con unas condiciones generales, es decir, por una serie de cláusulas predispuestas cuya incorporación ha sido impuesta por la entidad bancaria, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

Por otra parte, tal y como declara de manera pacífica la jurisprudencia del Tribunal Supremo (así, entre otras, SSTS nº 241/2013, de 9 de mayo (RJ 2013, 3088), y nº 222/2015, de 15 de abril), y dispone el último inciso del  art. 3.2  de la Directiva 1993/13/CEE (LCEur 1993, 1071), “el profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba”.

En el caso de autos, la entidad financiera no cuestiona el carácter de condición general de la contratación de la cláusula 7 del reglamento del contrato de tarjeta de crédito, sino que mantiene que los intereses remuneratorios aplicados y previstos en el contrato no están sujetos a control de abusividad, pues son elementos esenciales de éste.

Ahora bien, ello no impide en ningún caso efectuar un control de inclusión al objeto de determinar si se observan o no los requisitos legales para que las condiciones generales y particulares queden incluidas en el contrato celebrado. A estos efectos, el  art. 59.3 TRLGDCU (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372) dispone que los contratos con consumidores y usuarios que incorporen condiciones generales de la contratación están sometidos, además, a la Ley 7/1998, de 13 de abril (RCL 1998, 960), sobre condiciones generales de la contratación.

Y el  art. 10.1  LGDCU vigente en la fecha de suscripción del contrato establecía que las condiciones generales debían cumplir los requisitos de concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.

Por consiguiente, resultan exigibles los requisitos de incorporación de las condiciones generales regulados en la indicada Ley 7/1998, de 13 de abril, en vigor a la fecha de suscripción del contrato y, específicamente, los contemplados en los arts. 5 y 7 de la indicada norma, esto es, que las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y se ajusten a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 8 de septiembre de 2014, “el control de transparencia, como proyección nuclear del principio de transparencia real en la contratación seriada y, por extensión, en el desarrollo general del control de inclusión, (artículo 5 de la Directiva 93/13, artículos 5.5 y 7.b de la LCGC y artículo 80.1 a TRLGDCU) queda caracterizado como un control de legalidad en orden a comprobar, primordialmente, que la cláusula contractual predispuesta refiera directamente la comprensibilidad real, que no formal, de los aspectos básicos del contrato en el marco de la reglamentación predispuesta, de forma que el consumidor y usuario conozca y comprenda las consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado, resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o sacrificio patrimonial que realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, como de la posición jurídica que realmente asume en los aspectos básicos que se deriven del objeto y de la ejecución del contrato, STS de 26 de mayo de 2014 (núm. 86/2014 (RJ 2014, 3880 ) )”.

A la vista del contrato suscrito por las partes litigantes se constata que las condiciones sobre intereses remuneratorios se recogen impresas en el reverso del documento dentro del denominado “Reglamento de la Tarjeta de Crédito Citibank Visa/MasterCard”. Dicho reglamento no aparece suscrito por la solicitante de la tarjeta, ni en el anverso del documento aparece indicación o referencia alguna al mismo o a su conocimiento previo por aquélla antes de la suscripción del documento.

Por otra parte, el artículo 7 del reglamento se titula “Cuáles son los intereses, cuotas y comisiones”, pero en el mismo no se concreta cuál es el interés aplicable, remitiéndose para ello al anexo, que se sitúa a reglón seguido del art.18, en el que se fijan dos intereses distintos (tipo nominal anual 22,29% TAE:24,71% y para Tarjeta Citibank Pago Fácil: tipo nominal anual 24% TAE:26,82%).

Todo lo anterior nos lleva a concluir que la condición contractual relativa al interés remuneratorio no supera el control de transparencia. Resulta confuso enmarcar el tipo de interés remuneratorio aplicable bajo la denominación de un reglamento, que más tiene que ver con las condiciones de uso de la tarjeta. Igualmente, no tiene ninguna razón de ser que no se destaque de manera adecuada para su debida comprensión un elemento sustancial del contrato como es el interés remuneratorio a satisfacer por el cliente que, además, no se recoge en el artículo reservado para ello (artículo 7), sino que debe acudirse al anexo, al final de la página, tras una abrumadora cantidad de información y datos repartidos en 17 apartados con epígrafes, redactados en letra pequeñísima.

Igualmente, resulta confusa la indicación de los tipos de interés contenida en el anexo porque parece referida a tipos de tarjeta distintas cuando en realidad se refiere a los distintos usos que puede hacerse de la misma, lo que, para una correcta comprensión requiere remitirse al artículo 6 del reglamento y concluir que cuando en el mismo se hace referencia a la modalidad de pago aplazado servicio compra fácil resulta de aplicación el tipo de interés previsto para la tarjeta Citibank Pago Fácil.

Recurso de apelación interpuesto por la representación de CITIBANK ESPAÑA, S.A.

1.- Comisión por reclamación de cuotas impagada (anexo)

El art.10 LGDCU (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372), vigente a la fecha de suscripción del contrato, establece que las condiciones que con carácter general se apliquen a la venta de productos deberán cumplir el requisito de buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones lo que, entre otras cosas, excluye los incrementos de precio por penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales.

La norma tercera de la Circular del Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre  (RCL 1990, 1944), sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela dispone en su apartado segundo que “No se tarifarán servicios u operaciones no practicados. Tampoco se incluirán en las tarifas, sin perjuicio de su reflejo en los contratos correspondientes, las penalizaciones o indemnizaciones que deba pagar el cliente por incumplimiento de sus obligaciones contractuales” y en su apartado tercero que “Las comisiones y gastos repercutidos deben responder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos”.

Por otra parte, la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España de 2011 (págs. 150-151) considera, en relación a la comisión de reclamación de posiciones deudoras, que desde la óptica de las buenas prácticas bancarias, su adeudo solo puede ser posible si, además de aparecer recogido en el contrato, se acredita que:

a) Su devengo está vinculado a la existencia efectiva de gestiones de reclamación realizadas ante el cliente deudor (algo que, a juicio de dicho Servicio, no está justificado con la simple remisión de una carta periódicamente generada por el ordenador);

y b) Es única en la reclamación de un mismo saldo. Además, y como criterio adicional, se considera que su aplicación automática no constituye una buena práctica bancaria, ya que la reclamación debe realizarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada impagado y de cada cliente. En efecto, solo cuando se analiza, caso por caso, la procedencia de llevar a cabo cada reclamación, se justifica, bajo el principio de la buena fe, la realización de gestiones individualizadas de recuperación.

Sobre la abusividad de la citada cláusula ya se ha pronunciado esta Sala (entre otras, resoluciones de fechas 22 de abril de 2014 y 13 de marzo de 2015), declarando esta última: “En la cláusula se establece un recargo por parte de la entidad demandante, en el supuesto de impago de alguna cuota por parte del prestatario y de reclamación de la misma, sin que en el momento de contratar se refleje ni se informe sobre el coste de una actuación concreta que la misma deba desarrollar en caso de que el prestatario se encuentre en posiciones deudoras, sino que se trata de una cuota fija a abonar por el solo hecho de recibir una reclamación, que la Caja puede formular mediante una simple llamada telefónica. Cuando la cláusula se refiere a la comisión por reclamación está contemplando la comunicación al deudor de su situación, sin que ello implique la necesidad de efectuar una requerimiento notarial ni de contratar los servicios de un abogado para llevar a cabo una llamada o remitir una carta que los empleados de la actora pueden realizar dentro de sus funciones sin que tal actuación suponga un coste adicional en los salarios que la Caja deba afrontar.

Y además, la comisión por reclamación viene a suponer una sanción por la situación deudora añadida al recargo por intereses de mora”.

A tenor de lo expuesto, es claro que la cláusula supone imponer al consumidor incumplidor una carga carente de fundamento, sin que la entidad bancaria haya acreditado la generación de coste alguno justificativo de la comisión pretendida, por lo que no cabe sino compartir la conclusión de la Juzgadora de instancia de declarar nula por abusiva la indicada cláusula.

2.- Facultad de Citibank de modificar el reglamento y su anexo (artículo 14)

El art. 10 bis LGDCU vigente en la fecha de suscripción del contrato disponía en su apartado 1 que se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que deriven del contrato.

El art. 14 del reglamento del contrato de autos establece “El presente Reglamento y su Anexo pueden ser modificados por Citibank, quien procederá a comunicar previa e individualmente al Titular cualquier modificación que afecte a comisiones, tipos de interés o gastos repercutibles de la tarjeta-”

Como se ha expuesto, en el citado anexo la entidad financiera recoge el tipo de interés aplicable, así como las comisiones, de forma que se faculta a la misma para modificar unilateralmente elementos esenciales del contrato, como es el referido al tipo de interés remuneratorio, o relevantes (intereses moratorios), lo que supone crear un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de ambas partes contratantes dejando al arbitrio de una sola de ellas el cumplimiento de lo pactado con infracción de lo dispuesto en el art. 1.256 CC (LEG 1889, 27) (en este sentido SAP de Madrid de 8 de junio de 2015).

3.- Intereses moratorios (art. 7)

La parte apelante sostiene que el contrato no incluye el devengo de intereses moratorios por lo que resulta imposible declarar la nulidad de una cláusula inexistente.

El artículo 7 del reglamento establece: “El tipo nominal aplicable en cada momento a la cantidad aplazada (o saldo dispuesto en la Tarjeta Citibank Pago Fácil) será el tipo que figura en el Anexo. El mismo tipo será aplicable a las cantidades no satisfechas en plazo, en concepto de interés moratorio”.

Por consiguiente, a diferencia de lo que mantiene la parte apelante, el contrato sí establece el devengo de interés moratorios (si bien al mismo tipo que el remuneratorio), por lo que resulta perfectamente posible declarar la nulidad de la cláusula que los contempla.

De conformidad con lo dispuesto en el  art. 398.2 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), la estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de la Sra. XXXXXXXX determina que no se condene en las costas derivadas del mismo a ninguno de los litigantes.

La estimación de la demanda interpuesta por dicha parte determina, por aplicación del art. 394.1  LEC, que se impongan a la parte demandada las costas de primera instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 394.1 LEC, por remisión del art. 398.1 LEC, la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de CITIBANK ESPAÑA, S.A. determina que se condene a dicha parte en las costas derivadas del mismo.

La  disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635) (LOPJ), regula el depósito previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 8, aplicable a este caso, por lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por la representación de la Sra. XXXXXXXX, que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

La  disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, por lo que respecta al recurso de apelación formulado por la representación de CITIBANK ESPAÑA, S.A., que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida, determinará la pérdida del depósito.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular

FALLAMOS

ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª XXXXXXX y DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de CITIBANK ESPAÑA, S.A. contra la sentencia dictada el 27 de julio de 2015 por la Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Eibar en autos número 409/2013, REVOCANDO la misma en el sentido de que, como consecuencia de la estimación de la demanda interpuesta por Dª XXXXXX frente a CITIBANK ESPAÑA, S.A., se declara la nulidad del interés remuneratorio pactado por las parte en el contrato se suscripción de tarjeta Citibank de fecha fecha 20 de septiembre de 2005 y se condena a la entidad bancaria a la devolución de los intereses pagados por la demandante desde la formalización del contrato, con expresa imposición a la parte demandada de las costas generadas en la primera instancia; y manteniendo los restantes pronunciamientos de la sentencia impugnada relativos a la declaración de nulidad de oficio de determinadas cláusulas contractuales del referido contrato.

Se condena al Sr. XXXXXXXXX al abono de las costas derivadas de su recurso de apelación

No se efectúa imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada, derivadas del recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª XXXXXXXX.

Se condena a CITIBANK ESPAÑA, S.A. al abono de las costas derivadas de su recurso de apelación.

Devuélvase a Dª XXXXXXX el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por el Secretario Judicial del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución.

Transfiérase por el Letrado de la Administración de Justicia de origen el depósito efectuado por CITIBANK ESPAÑA, S.A. a la cuenta de depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

Frente a la presente resolución se podrá interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante esta Sala recurso de casación en los supuestos previstos en el  art. 477 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y recurso extraordinario por infracción procesal fundado en los motivos previstos en el art. 469 LEC, pudiendo presentarse únicamente este último recurso sin formular recurso de casación frente a las resoluciones recurribles en casación a que se refieren los números 1º y 2º del art. 477.2 LEC.

Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as que la firman y leída por el/la Ilmo/a. Magistrado/a Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, certifico sallie mae loan status

Leyes y Reglamentos Federales - Orden Juridico Nacional

Los planes de pensiones están diseñados para el ahorro a largo plazo, por lo que existen importantes restricciones a la hora de recuperar el dinero invertido. De hecho, esta falta de liquidez es una de sus mayores desventajas frente a otros productos como los fondos de inversión, que por lo demás funcionan de manera muy similar. Precisamente, una de las características de los planes de pensiones es esa falta de liquidez. Dicho de otra forma, sólo es posible recuperar el dinero invertido en casos muy concretos y situaciones determinadas. Estar en paro es una de ellas. Te explicamos en las próximas líneas cómo funciona la opción de rescatar el plan para los desempleados.

Hasta hace tres años, había que diferenciar entre los parados comunes y los desempleados de larga duración. Estos últimos son, por definición, aquellos que llevan sin trabajar más de un año.

España, segundo país de la UE con más parados de larga duración

En la actualidad, si no se tiene en cuenta a Grecia, España es el país con mayor número de parados de larga duración de los 28 que hoy conforman la Unión Europea (UE), con más de 2,2 millones de personas en esa situación, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, la tasa de parados de larga duración sobre el total de ciudadanos en situación de desempleo es del 11,4%. Esta cifra queda lejos del 1,7% que registraba antes de que estallara la crisis, tal y como reflejan las cifras de Eurostat. La ya mencionada Grecia, por su parte, presenta una tasa de paro de larga duración superior a la española, con un 18,2%.

Además, también hay que tener en cuenta que la tasa española se encuentra casi siete puntos por encima de la media comunitaria, que está en el 4,5%.

Cambios legales para rescatar el plan de pensiones

Sin embargo, tras las modificaciones introducidas en 2013, ya no es necesario acreditar un paro de larga duración para poder rescatar el plan, bastará con demostrar que la persona en cuestión está en paro, aunque también hay que cumplir los siguientes supuestos:

Tirar del plan de pensiones

En este contexto puede que muchos ahorradores se encuentren con graves problemas económicos y prefieran ‘adelantar’ los ahorros guardados para su jubilación.

En un principio, la ley solo permitía el rescate de los planes de pensiones por jubilación, incapacidad laboral total y permanente, invalidez o muerte del partícipe o beneficiario. Posteriormente, se agregaron los supuestos de desempleo de larga duración o enfermedad grave como condiciones para proceder al rescate del plan de pensión y ahora ya se puede rescatar a los 10 años de realizar la primera inversión. Aquí te explicamos cómo funciona cada uno de ellos.

¿Y si cobras el subsidio

Lo que la ley exige es no cobrar el desempleo a nivel contributivo, lo que equivale a la prestación por desempleo. No ocurre lo mismo con el subsidio. Se puede rescatar el plan de pensiones cobrando el subsidio, pero antes de hacerlo es necesario tener en cuenta cómo tributa el plan de pensiones en estos casos porque puede afectar a la posibilidad o no de percibir dicho subsidio no contributivo.

Para que lo entiendas mejor, al rescatar el plan este tributará como renta del trabajo, es decir, como un salario al uso. Para poder cobrar el subsidio no contributivo es necesario acreditar la carencia de rentas y no superar determinados límites, ya que en caso de hacerlo se perderá el derecho a cobrar esta ayuda. En concreto, el límite es el 75% del salario mínimo interprofesional situado en 491,40 euros en 2015 (el SMI mensual es de 655,20 euros). 

Obligaciones de los beneficiarios

Entre las obligaciones de quienes perciben estas ayudas está el comunicar a los Servicios de Empleo Público Estatal (SEPE) cualquier cambio en las rentas que percibe y estas incluyen el rescate del plan de pensiones estando parado. Ahora imaginemos que una persona rescata su plan de pensiones y que tras el cálculo lo percibido mensualmente supera el límite que fija el SMI. En ese caso podría hasta perder el derecho a percibir esa prestación.

En este sentido, el artículo 7.1.C.2) del RD 625/1985, que regula las prestaciones por desempleo, establece que las rentas que se obtienen en pago único, como se supone que será el rescate del plan de pensiones en caso de estar parado, hay que prorratearlas en 12 mensualidades. Será el resultado de esta operación lo que se compruebe si afecta o no al nivel de rentas percibidas.

Modalidades para recuperar el plan de pensiones

Por otra parte, hay que tener en cuenta que una cosa es saber cuándo recuperar el plan de pensiones y otra bien diferente saber elegir la modalidad para hacerlo. Y es que existe más de una fórmula para rescatar el dinero invertido, cada una con sus ventajas y desventajas. Vamos a recordar las formas en las que podemos recuperar el plan de pensiones:

  1. En forma de capital: se cobran todos los derechos consolidados acumulados en prestación de pago único, o explicado de otro modo, es recuperar en una única vez todos los ahorros insertados en el plan.
  2. En forma de renta: mediante la percepción periódica (mensual, trimestral, semestral, anual) de un determinado monto, a decisión del titular, pudiendo realizar en cualquier momento la liquidación total del saldo que queda pendiente o de una parte del mismo, pero en este caso dejan de abonarse las sucesivas rentas hasta compensar el saldo anticipado. Al hacerlo ese dinero tributará en la declaración de la renta como si se tratase del salario, es decir, que pagará impuestos según las tablas de IRPF generales y no las del ahorro.
  3. De forma mixta: es la combinación entre el rescate en forma de capital y de renta.
  4. En forma de renta asegurada o de seguros: esto es, cobrar de manera vitalicia una renta, a una o dos vidas y con o sin seguro de vida.

Con todo, rescatar el plan de ahorro puede ser una fórmula rápida de conseguir liquidez. Pero los efectos sobre nuestro futuro pueden ser catastróficos. Además de ser algo muy lento y donde ya veis que nos ponen muchas, muchas trabas si queremos recuperar nuestro dinero great lakes loan forgiveness

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